La ‘ley trans’ sanciona las infracciones contra la igualdad con hasta 150.000 euros
Las compañías que operan en España que tengan más de 50 empleados tienen hasta el próximo 2 de marzo de 2024 para implantar un plan con el objetivo de alcanzar la igualdad real de las personas LGTBI.
La Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, más conocida como ‘la ley trans’, estipula en su artículo 15 que las compañías deberán contar con un conjunto planificado de medidas y recursos para alcanzar la igualdad real y efectiva de las personas LGTBI, que incluya un protocolo de actuación para la atención del acoso o la violencia contra estas personas. «Para ello, las medidas serán pactadas a través de la negociación colectiva y acordadas con la representación legal de las personas trabajadoras. El contenido y alcance de esas medidas se desarrollarán reglamentariamente», señala el texto.
La norma, que entró en vigor el pasado 2 de marzo, también impone una serie de sanciones para las personas o las empresas que vulneren los derechos del colectivo LGTBI que oscilan entre los 200 euros y los 150.000 euros. Además, a las empresas infractoras se les denegará contratar con la Administración y pueden asumir el cierre de la actividad económica durante tres años.