Artículos de actualidad jurídica
en el mundo de la legislación y abogacía

El reconocimiento facial para identificación debe contar con garantías reforzadas

01-06-2020 El reconocimiento facial para identificación debe contar con garantías reforzadas

Las técnicas de reconocimiento facial con fines de identificación biométrica suponen un tratamiento de categorías especiales de datos para los que el Reglamento exige garantías reforzadas, según advierte la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).

El organismo estatal acaba de publicar un informe en el que analiza varias cuestiones que se le han planteado relacionadas con la seguridad privada, entre las que se encuentra la licitud de incorporar sistemas de reconocimiento facial en los servicios de videovigilancia proporcionados por empresas seguridad privada, explica Europa Press.

En este sentido, la agencia explica que el empleo de tecnologías de reconocimiento facial en los sistemas de videovigilancia implica el tratamiento de datos biométricos, a los que se aplica el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), que los cataloga como categorías especiales al tratarse de datos "dirigidos a identificar de manera unívoca a una persona física". "Esta tecnología supone un tratamiento que, en principio, se encuentra prohibido por el RGPD", añade.

Según ha concretado, la instalación de los sistemas de videovigilancia con fines de seguridad, que captan y graban imágenes y sonidos, "podría ampararse en el interés público", tal y como se plantea en la consulta realizada a la AEPD.

No obstante, ha aclarado que si se tratan categorías especiales de datos, como en el caso de la utilización de tecnologías de reconocimiento facial, la normativa requiere que exista un "interés público esencial" para que pueda ser legítimo, profundizando así en la importancia y necesidad de mayor protección de los datos tratados.

"La aplicación del interés público esencial como base de legitimación requiere de una norma con rango de ley que justifique en qué medida y en qué supuestos el empleo de la biometría respondería al mismo", ha manifestado.

En este sentido, ha advertido de que "la norma con rango de ley que ampararía ese tratamiento de categorías especiales de datos no existe en el actual ordenamiento jurídico y, en el caso de tramitarse, tendría que justificar específicamente en qué medida y en qué supuestos la utilización de dichos sistemas respondería a un interés público esencial, así como incorporar garantías específicas como exige el Tribunal Constitucional".

Asimismo, la AEPD ha detallado que "debería cumplir con el principio de proporcionalidad y superar el juicio de necesidad, en el sentido de que no exista otra medida más moderada con la que se consiguiera el mismo propósito con igual eficacia".

"La existencia de otras medidas que permiten la protección de las personas, bienes e instalaciones con una menor intrusión en el derecho de los afectados, exigiría una especial justificación de la necesidad de optar por el reconocimiento facial respecto de dichas otras medidas, estableciendo asimismo garantías reforzadas", ha remachado.

De este modo, la agencia rechaza, tal y como se planteaba en la consulta, que la legitimación reconocida para los sistemas de videovigilancia que sólo captan y graban imágenes y sonidos pueda abarcar otras tecnologías "mucho más intrusivas" para la privacidad como el reconocimiento facial u otras medidas biométricas como el reconocimiento de la forma de andar o el reconocimiento de voz. "La regulación actual es insuficiente para permitir la utilización de técnicas de reconocimiento facial en sistemas de videovigilancia empleados por la seguridad privada, al no cumplir los requisitos anteriormente señalados", ha defendido.

La AEPD considera que existen supuestos excepcionales en los que podría quedar justificado el empleo de sistemas de reconocimiento facial siempre que la legislación lo prevea, como se ha mencionado con anterioridad, como en el caso de infraestructuras críticas.

"Sin embargo, la autorización, con carácter general, del empleo de sistemas de reconocimiento facial en los sistemas de videovigilancia empleados por la seguridad privada carece de base jurídica y sería desproporcionada, dada la intrusión y los riesgos que supone para los derechos fundamentales de los ciudadanos", ha concluido.

 

FUENTE: EXPANSION

Noticias Relacionadas Derecho de Empresa

Una solución ante el caos contractual en las empresas por el coronavirus

Una solución ante el caos contractual en las empresas por el coronavirus 17-06-2020

Un grupo de juristas propone una reforma para obligar a renegociar los contratos cuyo cumplimiento se ha vuelto imposible por la crisis

El empresario puede aplazar el pago de retenciones fiscales impagadas por su empresa

El empresario puede aplazar el pago de retenciones fiscales impagadas por su empresa 19-05-2020

Como responsable subsidiario no es el obligado tributario al que la ley deniega la demora

La función notarial inicia el retorno paulatino a la normalidad

La función notarial inicia el retorno paulatino a la normalidad 11-05-2020

Corresponde a los 17 colegios notariales el levantamiento de las restricciones según las fases en la que se halle su comunidad autónoma

Situación de los concursos de acreedores con el coronavirus

Situación de los concursos de acreedores con el coronavirus 10-04-2020

La economía española está prácticamente paralizada por la crisis del coronavirus. El Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo por el que se declaraba el estado de alarma para gestionar la situación de crisis sanitaria se ha ido prorrogando sucesivamente hasta su fin el próximo 26 de abril.

¿Qué hacer ahora frente a los impagos?

¿Qué hacer ahora frente a los impagos? 08-04-2020

Un 36% de las empresas ve la causa en una falta de organización administrativa, Los retrasos por problemas financieros ya habían aumentado antes de la llegada del coronavirus.

Nuevas ayudas para autónomos y pymes: en qué consisten y quién tiene derecho

Nuevas ayudas para autónomos y pymes: en qué consisten y quién tiene derecho 01-04-2020

El Gobierno suma a las prestaciones por cese de actividad un paquete de medidas que incluye el aplazamiento del pago de las cuotas a la Seguridad Social.

Recopilación de noticias sobre el cartel de camiones

Recopilación de noticias sobre el cartel de camiones 14-02-2020

En Vilarrubí Abogados llevamos varios casos para afectados por el cartel de camiones, para lo cual recopilamos las últimas noticias de interés que han surgido sobre dicha sentencia

Reglamento Europeo de Protección de Datos: ¿Mi organización cumple la normativa?

Reglamento Europeo de Protección de Datos: ¿Mi organización cumple la normativa? 03-01-2020

 Desde el pasado 25 de mayo de 2018, la aplicación del Reglamento Europeo de Protección de Datos es obligatoria. Este Reglamento ampara el derecho fundamental a la protección de las personas físicas en relación con el tratamiento de datos personales.

La convocatoria de junta en una administración mancomunada

La convocatoria de junta en una administración mancomunada 02-10-2019

Nos vamos a centrar en quién debe convocar la junta en el caso de que exista una administración mancomunada de la sociedad mercantil, es decir, en aquellos casos en los que los representantes de la sociedad son dos o más personas, quiénes para poder representar y obligar a la sociedad deben firmar siempre de forma conjunta.

Un juzgado condena a Volkswagen a devolver el precio completo de un coche afectado por el "dieselgate" en España

Un juzgado condena a Volkswagen a devolver el precio completo de un coche afectado por el dieselgate en España 11-01-2018

El juzgado de primera instancia número 4 de Manacor (Mallorca) ha anulado la compraventa realizada en 2012 de un vehículo afectado por el llamado "dieselgate" del Grupo Volkswagen y ha condenado al fabricante y el vendedor a pagar los 19.378 euros del precio al afectado, y a este a devolver el coche.

Reclamación Cártel de camiones

Reclamación Cártel de camiones 23-11-2017

VOLVO/RENAULT, IVECO, MAN, DAIMLER-MERCEDES, DAF Y SCANIA: los seis gigantes de la fabricación de camiones de Europa, condenados por Bruselas por formar parte de un cártel en el que fijaban los precios de los camiones y el ritmo al que debían introducir en sus productos las tecnologías de control de emisiones contaminantes.