Este acuerdo responde a la petición del Ministerio de Justicia y a las conversaciones mantenidas con el mismo.
Los ciudadanos, a través de dicha plataforma y utilizando cualquier ordenador, móvil o tableta, podrán relacionarse con los notarios de su elección para que pueda asesorarles y autorizar dichas pólizas.
Las medidas propuestas permitirán a empresas y ciudadanos relacionarse con los notarios sin que fuera necesario su desplazamiento físico, en cumplimiento de las recomendaciones de limitación deambulatoria aprobadas por el Gobierno.
Además, sería posible la obtención de copias simples gratuitas de las escrituras públicas de las hipotecas y de las compraventas para acceder a la moratoria hipotecaria. Serían los notarios quienes enviarían las copias simples electrónicas a las entidades de crédito sin coste alguno.
La actuación a través de dicha plataforma electrónica notarial se haría con cumplimiento de todas las garantías informáticas, dado que el Consejo General del Notariado es junto con la Dirección General de la Policía (DNI electrónico) la única entidad homologada a nivel de la Unión Europea en cumplimiento del Reglamento EID@S que permite la firma electrónica cualificada en la nube.
Además, las garantías técnicas expuestas permitirían el cumplimiento íntegro de la normativa de protección de datos personales.
Testamentos
Los notarios estarían también en disposición de autorizar por videoconferencia otros documentos como testamentos en caso de epidemia; poderes especiales, revocaciones de poderes (lo que impediría su utilización fraudulenta) y actos societarios.
La utilización de la videoconferencia para el otorgamiento de todos estos actos permitiría reducir los desplazamientos físicos a las notaras hasta un 40% También sería posible que, tras el fin del confinamiento, todas las personas inmunodeprimidas o, en su caso, que debieran mantener cuarentena, pudieran desarrollar ese tipo de actos con plenas garantías jurídicas.
Campo, agradecido
El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y la directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, Sofía Puente, elogian a María Emilia Adán, y el presidente del Consejo General del Notariado, José Ángel Martínez Sanchiz, a quienes han agradecido el trabajo que como servidores públicos están realizando notarios y registradores para garantizar los servicios esenciales durante la pandemia y que está contribuyendo a que la seguridad jurídica en España "no se resienta".
Durante la reunión se abordó cómo están afrontando la situación de emergencia sanitaria ambos colectivos, con efectos en la reducción del volumen de su actividad y en la propia prestación del servicio, que ha requerido la adopción de medidas de teletrabajo y el establecimiento de turnos en muchos casos. El ministro les ha pedido que aborden diversos escenarios para la vuelta paulatina a la normalidad para atender, desde el concierto del conjunto del sector, vías alternativas a la resolución de conflictos.
FUENTE: EL ECONOMISTA
El Tribunal Supremo considera que si el cliente tuviese que pagar las costas se produciría un efecto disuasorio inverso.
La juez que consultó al Tribunal de la UE cree que la última sentencia “revierte totalmente la situación”; los consumidores calculan que la factura para la banca puede alcanzar los 947 millones de euros.
El Tribunal Supremo aclaró a mediados de julio el alcance de la sentencia de mayo de 2017 del Tribunal Constitucional (TC), que anula parte de los artículos que sustentan el pago del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), siempre y cuando haya una minusvalía.
Tras la entrada en vigor de la nueva ley reguladora de los contratos de crédito inmobiliario, existen una serie de gastos que corresponden a los clientes mientras que otros corresponden a la entidad financiera.
Las entidades financieras están revisando sus estrategias comerciales en medio de la pandemia del coronavirus.
Barclays calcula que el posible coste neto para la banca si el Tribunal de Justicia de la Unión Europea emite una sentencia desfavorable por el Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios (IRPH) el próximo 3 de marzo ascenderá a 3.600 millones de euros.
El Supremo ha admitido a trámite la demanda contra Bankinter, que ya perdió en primera instancia el juicio por el cual se declararon nulos los ‘swaps’ o contratos de permuta financiera, un producto financiero que servía como seguro frente a posibles subidas de interés del Euribor, y que emplearon hasta 2008.
La banca se resiste a rectificar en todos los casos donde el Banco de España da la razón a sus clientes e ignoró el 21,89% de los pronunciamientos emitidos por el organismo hasta octubre donde juzgó que la entidad obró mal.
Según esta resolución, el Tribunal considera que la extinción del contrato de préstamo no priva al consumidor de reclamar el dinero que se le cobró indebidamente.
Quienes hayan tenido una hipoteca con cláusulas abusivas, podrán ahora reclamar su nulidad y la restitución de lo indebidamente pagado aunque el préstamo se haya extinguido.
Un 80% de los afectados por abusos de la banca cree que el TJUE se posicionará del lado de los afectados por este índice al que se referenciaron las hipotecas
La proximidad de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre el IRPH ha hecho que muchos afectados por este índice hipotecario se planteen la posibilidad de reclamar.
El juicio por el debut bursátil de la entidad quedó visto para sentencia este miércoles, 10 meses después de su arranque. Algunas acusaciones plantean que una reciente sentencia del Tribunal Supremo que afecta a la entidad podría abrir la puerta para que los pequeños accionistas reclamasen nuevas compensaciones.
Ya ha entrado en vigor, después de años de espera y de polémicas resoluciones judiciales, la conocida como nueva ley hipotecaria, cuyo nombre técnico es Ley 5/2019 de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario.
El despacho de abogados de los hermanos montisonenses Jorge y Javier Vilarrubí ha sido reconocido con un premio nacional que distingue su trabajo en derecho bancario. La concesión del galardón "Mejor despacho en Derecho Bancario 2018" ha tenido lugar el 22 de febrero en el hotel The Westin Palace de Madrid en la IV Gala de Premios Nacionales De Ley.
El Congreso de los Diputados ha culminado hoy la tramitación de la nueva ley hipotecaria, tres años más tarde de marzo de 2016, la fecha en la que tendría que haberse implantado la normativa, originaria de una transposición europea. Con la aprobación de la normativa, el Ejecutivo se libra así de asumir la multa anunciada por la Comisión Europea por la tardanza de la entrada en vigor de la ley. Europa amenazó a España con una sanción de 106.000 euros por día de retraso que ya ascendía a los 110 millones de euros. No obstante, con la norma aprobada antes de que se haya recibido la multa, el Estado se salva de asumirla.
El Pleno de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha dictado varias sentencias fijando doctrina sobre algunas cuestiones relativas a cláusulas abusivas en contratos con consumidores sobre las que aún no se había pronunciado.
La Junta Única de Resolución (JUR) europea ha publicado esta mañana el informe de valoración elaborado por Deloitte en el que se concluye que si el Banco Popular hubiera ido a una liquidación ordinaria en vez de, como ocurrió, ser intervenido por las autoridades europeas, "las pérdidas totales habrían sido sustancialmente mayores que las pérdidas en resolución".
El Tribunal Supremo intenta arrojar luz sobre quién debe pagar los gastos de una hipoteca. El Pleno de la Sala Primera de lo Civil ha dictaminado varios aspectos: primero, el cliente es el que tiene que encargarse del impuesto de Actos Jurídicos Documentados, es decir, del 75% de la factura de constitución de un préstamo, mientras que los gastos notariales deben ser repartidos a partes iguales y las copias, a quien las solicite.
La manipulación del Índice de Volatilidad (VIX) que gestiona la Chicago Board Options Exchange (CBOE) estaría generando pérdidas de hasta casi 2.000 millones de dólares al año, según ha desvelado un individuo anónimo.
"La mera referenciación a un tipo oficial como es el IRPH no implica falta de transparencia ni abusividad" expone el Alto Tribunal.
El Tribunal Supremo ha declarado la nulidad parcial de las hipotecas multidivisa que no gozan de la suficiente transparencia, adaptándose a lo establecido por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea el pasado 20 de septiembre.
La cuenta atrás para que Mifid II entre en vigor en enero de 2018 ha comenzado. La nueva normativa tiene como objetivo principal dotar de mayor transparencia al mercado, pero también provocará una carestía de seguimiento para muchas cotizadas. A partir de enero, los gestores tendrán que pagar a bancos y a brokers de manera directa por el análisis, un cambio radical con respecto a la práctica actual de combinar los costes con los de las comisiones de trading al que tendrán que adaptarse rápidamente.